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Una mina de carbón llamada El Cerrejón, operada por la multinacional suiza Glencore y considerada el depósito de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, enfrenta el escrutinio del gobierno colombiano por sus efectos ambientales. Enorme huella ambiental Según se informa, la mina, […]
Energía limpiaEn la década de 1990, en la región colombiana del Meta estalló una violenta guerra civil entre grupos paramilitares y facciones guerrilleras. La propiedad de la tierra surgió como una causa importante del conflicto. Las élites acomodadas, contrarias a los llamamientos a la redistribución de […]
PolíticaUn reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) revela una evolución positiva de los indicadores de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, lo que indica avances en la lucha de la región contra el […]
PolíticaUna mina de carbón llamada El Cerrejón, operada por la multinacional suiza Glencore y considerada el depósito de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, enfrenta el escrutinio del gobierno colombiano por sus efectos ambientales. Enorme huella ambiental Según se informa, la mina, […]
Energía limpiaUna mina de carbón llamada El Cerrejón, operada por la multinacional suiza Glencore y considerada el depósito de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, enfrenta el escrutinio del gobierno colombiano por sus efectos ambientales.
Según se informa, la mina, situada en La Guajira a lo largo del Mar Caribe, agota agua vital para los grupos indígenas cercanos. Esto ha sido resaltado por imágenes aéreas que muestran enormes cráteres formados durante cuatro décadas en una región que ya lucha contra problemas como la pobreza, la corrupción y la escasez de agua potable.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, tiene la intención de guiar al país hacia un futuro energético más verde. Su objetivo es poner fin a la extracción agresiva de recursos naturales y proteger la Amazonia de la creciente crisis climática. Por ello, ha optado por limitar las operaciones en El Cerrejón. Afirma que la mina está consumiendo los recursos hídricos de los indígenas Wayúu. Sin embargo, algunos expertos sostienen que la operación de la mina es esencial para la economía nacional. Para ponerlo en perspectiva, el carbón aporta el 43% del PIB del departamento de la Guajira y el 0,7% del PIB total de Colombia, según investigación de Fedesarrollo.
Glencore, un nombre colosal en el sector de las materias primas, tiene su sede en Baar, cantón de Zug, Suiza, y opera en más de 35 países y emplea a unas 140.000 personas. Su principal clientela incluye sectores como
Además de su negocio principal, Glencore ofrece servicios principalmente de financiación y logística. Tras un aumento en los precios de las materias primas el año pasado, la compañía reportó una ganancia récord de 17 mil millones de dólares, y sus ingresos se dispararon a la notable cifra de 256 mil millones de dólares.
En la década de 1990, en la región colombiana del Meta estalló una violenta guerra civil entre grupos paramilitares y facciones guerrilleras. La propiedad de la tierra surgió como una causa importante del conflicto. Las élites acomodadas, contrarias a los llamamientos a la redistribución de […]
PolíticaEn la década de 1990, en la región colombiana del Meta estalló una violenta guerra civil entre grupos paramilitares y facciones guerrilleras. La propiedad de la tierra surgió como una causa importante del conflicto. Las élites acomodadas, contrarias a los llamamientos a la redistribución de la tierra, recurrieron a la fuerza para apoderarse de vastos territorios destinados a la ganadería y a cultivos lucrativos para el comercio internacional.
En medio de estos acontecimientos, surgió en Meta una universidad rural, diseñada específicamente para contrarrestar los efectos de la guerra civil. El objetivo de esta institución era educar a la comunidad agrícola local en un enfoque alternativo de la agricultura, que promoviera la coexistencia pacífica y la interacción sostenible con el medio ambiente. Roberto Rodríguez, agricultor e ingeniero agrónomo, dirigió esta transformación.
Más de 7.000 estudiantes procedentes de diversas partes de Colombia se han matriculado en los cursos de la Fundación La Cosmopolitana, difundiendo activamente sus principios de agricultura sostenible y diversificada. Esta influencia se ha extendido incluso a las comunidades indígenas del Amazonas. El impacto de los esfuerzos de La Cosmopolitana ha sido de gran alcance, con casi 200.000 personas en todo el mundo que han sido testigos directos de las iniciativas de la fundación.
Numerosos antiguos alumnos de la fundación residen ahora en Lejanías, una comunidad rural que han convertido en el centro de la prosperidad de Colombia. En esta localidad, los agricultores se dedican a cultivos sostenibles, comercializan productos locales en un mercado ecológico semanal y ofrecen ecotours y alojamiento en granjas muy solicitados.
La vista desde la terraza de Simey Sierra es sobrecogedora: A la izquierda, asciende un macizo escarpado cuyas cumbres están cubiertas por nubes de lluvia de un azul intenso. Justo delante, más allá de una piscina con forma de guitarra, las verdes colinas de café se extienden hacia el horizonte, fundiéndose con una llanura soleada a la derecha. Un ancho río serpentea por el paisaje.
Hoy, un arco iris despliega sus vibrantes matices. “¿No es precioso?”, reflexiona un agricultor colombiano.
“Pero créeme, durante muchos años no le presté atención. Durante la mitad de mi vida, sólo pensaba en cómo salir de esta zona con su violencia y su pobreza”.
El pueblo natal de Simey Sierra, Lejanías, situado en el departamento del Meta, en el centro de Colombia, se encuentra en la confluencia de la cordillera de los Andes, el río Orinoco y la selva amazónica, un paraíso de biodiversidad para biólogos y entusiastas de la naturaleza. Sin embargo, esta región también fue un campo de batalla ferozmente disputado durante cinco décadas de conflicto.
“¿Ves ese lugar?” Sierra señala el valle con su mano curtida. “Allí fue donde los guerrilleros de las FARC secuestraron al gobernador, en un vehículo de la ONU, sobre el estrecho puente que cruza el río Guape”.
“En el pueblo vecino estaba el cuartel general de los paramilitares”, recuerda Sierra. “Extorsionaban a los ganaderos con cuotas de protección y a los agricultores con peajes para transportar sus mercancías a Bogotá, la capital. Los que se negaban a pagar solían ser secuestrados”.
A medida que los empresarios ricos huían, la economía local se desmoronaba, dejando a los pequeños agricultores como Sierra vulnerables al control de los señores de la guerra. Como muchos otros, fue obligado por la guerrilla a cultivar arbustos de coca y producir pasta de coca, precursora de la cocaína. La afluencia de dinero procedente del narcotráfico alimentó el catalizador del conflicto más largo de América.
A lo largo de cinco décadas, los campesinos colombianos se enfrentaron a escasas oportunidades de liberarse de un conflicto que les agobiaba enormemente. Los grupos armados reclutaban a sus hijos, los miembros de su familia eran capturados, asesinados o desplazados, mientras que las élites depredadoras se apoderaban de sus tierras.
La magnitud del sufrimiento es evidente en las estadísticas: más de medio millón de colombianos perdieron la vida o desaparecieron, y 7 millones se vieron obligados a huir de sus hogares. Además, 8 millones de hectáreas (20 millones de acres) de tierra fueron transferidas por la fuerza.
Durante un largo periodo, Sierra no pudo acceder a su finca, situada en las afueras de Lejanías, debido a un puesto militar establecido frente a su propiedad. Explica:
“Los comandantes de las FARC me habrían considerado un espía en potencia, y las sospechas cundían en ambos bandos”.
Durante un largo periodo, se las arregló para sobrevivir trabajando a diario en las granjas de otras personas, adoptando un estilo de vida nómada para evitar interacciones con personas desconocidas.
En la actualidad, este hombre de 51 años ha recuperado su tierra y se presenta con orgullo como empresario turístico y catalizador de la paz. Bromea mientras se da golpecitos en la cabeza:
“¡He cambiado de mentalidad!”
Después de muchos años, Sierra siente ahora que ha recuperado el control de su destino. Este nuevo control se debe en parte al acuerdo de paz establecido entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. Sin embargo, también está profundamente arraigado en los esfuerzos de la Fundación La Cosmopolitana, una universidad campesina establecida en 1998 en la capital del Meta, Villavicencio. Los programas educativos ofrecidos por la fundación prepararon a la comunidad rural colombiana, cansada de la guerra, para la era posterior a la guerra civil, enseñándoles no sólo prácticas agrícolas sostenibles, sino también una nueva forma de pensar.
En el corazón de la filosofía de Cosmopolitana hay un principio oculto: reducir los costes de producción armonizando con la naturaleza en lugar de oponerse a ella. Este enfoque amplía simultáneamente los rendimientos al refinar los productos básicos dentro de la comunidad, añadiendo así valor. En última instancia, fomenta una economía circular local basada en la colaboración. Estas enseñanzas contrastan con el modelo convencional de agricultura industrial de exportación que los inversores privados y el gobierno han favorecido tradicionalmente.
Sin embargo, trasladar este modelo a la realidad planteó retos. Una vez alcanzada la paz, la puesta en marcha de esta economía cooperativa rural sostenible a pequeña escala tropezó con dificultades.
Uno de los principales retos era atender las acuciantes necesidades de una nación que había descuidado sus infraestructuras durante cincuenta años. Los esfuerzos iniciales de reconstrucción se centraron en las regiones urbanas densamente pobladas, poniendo de relieve las monumentales demandas.
La capital, Bogotá, junto con algunas otras ciudades como Medellín, Cali y Cartagena, centralizan los recursos y el poder económico. En consecuencia, tras la guerra civil, se hizo hincapié principalmente en proyectos expansivos que generaran rápidamente ingresos sustanciales para el Estado. Este enfoque se centró a menudo en industrias como la minería, el petróleo, la agricultura industrial y la construcción de carreteras.
A medida que las comunidades rurales se esforzaban por reconstruir sus vidas, tenían que encontrar su propio camino.
“Los pequeños agricultores no son un objetivo primordial para el Estado”, señala Roberto Rodríguez.
Este delgado y ágil hombre de 64 años, fundador e impulsor de la Fundación La Cosmopolitana, habla desde la experiencia. Como agrónomo, ha colaborado con diversas organizaciones internacionales de desarrollo, participado en talleres mundiales, entablado diálogos con ecologistas y conocido la evolución del modelo de agricultura ecológica en la Europa de los ochenta.
En 1998, acompañado de su esposa alemana, Monika Hesse, adquirió una finca ganadera de 29 hectáreas cerca de Villavicencio. Rodríguez conserva fotos de aquella época, en las que se aprecia un pastizal llano y agotado. A pesar de su posterior divorcio, la pareja compartía entonces una visión: pretendían transformar sus tierras en un escaparate de la agricultura ecológica tropical. Este enfoque se basaba en asociaciones de plantas y agroforestería, métodos diseñados para mejorar la fertilidad del suelo y la biodiversidad por medios naturales.
Además, aspiraban a impartir a otros los conocimientos adquiridos en lugar de reproducir un modelo industrial intensivo en capital que dependía de los monocultivos, los fertilizantes sintéticos y los pesticidas.
En la actualidad, La Cosmopolitana es una próspera maravilla basada en principios regenerativos. Durante nuestra visita, vimos gallinas criadas en libertad, un bosque comestible, un estanque para pescar y nadar, un jardín repleto de hierbas medicinales y verduras, y una bulliciosa cocina donde se preparan ingeniosamente ingredientes locales para su posible venta. A lo largo del día, tucanes y loros recorren graciosamente los árboles, mientras que al atardecer se oye un cacofónico coro de ranas.
Rodríguez es un ferviente defensor de la sostenibilidad y la agricultura ecológica.
“Nuestra forma de cultivar es superior”, afirma el autor de varios libros, firmemente convencido de que “fomenta la prosperidad, la diversidad y la variedad, mientras que la agricultura industrial agota el suelo, empobrece a las personas y perjudica a la naturaleza”.
Al crecer como hijo de agricultores, Rodríguez era muy consciente de los retos a los que se enfrentaría para convencer a sus compañeros de que abandonaran sus prácticas tradicionales por algo innovador. Por eso se embarcó en un enfoque experimental de la educación que pretendía cambiar las perspectivas de la gente y permitirles ver el mundo desde un ángulo nuevo.
“Necesitamos liberarnos de la arraigada mentalidad colonial que nos etiqueta de empobrecidos”, elucida Rodríguez, que actualmente ofrece orientación a entidades mundiales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Su enfoque, conocido como “aula viva”, se centra en la educación interactiva y las actividades colaborativas en el medio natural.
Los asistentes al taller se organizan en equipos, con la tarea de contemplar los conceptos de escasez y abundancia y cómo se crean estos conceptos. En las fases iniciales, participan en una actividad de tira y afloja que pone de manifiesto tanto las tendencias competitivas como las colaborativas. El objetivo es remodelar la noción predominante de progreso industrializado, que a menudo gira en torno a ganadores y perdedores.
También se pide a los participantes que traigan a la sesión productos de su propia granja. Estos productos comestibles se colocan artísticamente sobre hojas de plátano, creando un vibrante mandala que celebra la riqueza de la cosecha local. A continuación, los ingredientes se preparan y se transforman en deliciosos platos, fomentando un sentido crucial de compartir entre los asistentes.
Estas experiencias sirven para revelar la importancia de las colaboraciones locales. Al día siguiente, este enfoque colaborativo se pone en práctica mediante proyectos de grupo, como la creación de un huerto forestal.
Estas enseñanzas abarcan “no sólo diversas prácticas agrícolas, sino también el poder de la cooperación”, explica Rodríguez, recalcando su punto de vista con convicción.
“¡Ya no me considero empobrecido!”
Su aspiración y objetivo es que otros experimenten la misma epifanía liberadora. En 2007, Rodríguez tuvo su primera oportunidad de aplicar estos métodos de enseñanza y plan de estudios a gran escala cuando el gobierno reubicó a 240 familias campesinas desplazadas por la guerra civil en una finca ganadera que había sido confiscada a un narcotraficante.
Situada en la región meridional del Meta, junto a una carretera, la finca asignó a cada familia 25 hectáreas (62 acres) para la agricultura individual. Sin embargo, el suelo era árido y estaba agotado por el viento, y las familias carecían tanto de maquinaria como de semillas.
“Nos quedamos mendigando en la carretera para llegar a fin de mes”, recuerda Ninfa Daza, miembro del grupo agrícola.
“Creo que la intención del Estado era cumplir superficialmente con sus obligaciones”, sugiere Rodríguez.
Había intenciones de destinar las tierras al cultivo de palma aceitera para producir biodiésel. Sin embargo, los políticos no habían previsto la determinación de Rodríguez y su enfoque visionario.
Al conocer a las familias campesinas en apuros durante una visita a la región, se puso rápidamente manos a la obra. Al principio, se apresuró a encontrar un tractor para labrar media hectárea (1,2 acres) de tierra reseca en la parcela de cada familia, lo que les permitió cultivar productos esenciales. A continuación, las familias plantaron estratégicamente pequeños árboles alrededor de sus campos como cortavientos. Crearon huertos compactos para cultivar frutas y verduras. A continuación, introdujeron gallinas y cerdos, que proporcionaron huevos, carne y estiércol para rejuvenecer el agotado suelo.
Y lo más importante: cada paso iba acompañado de talleres en La Cosmopolitana.
“En sólo dos años, teníamos comida en abundancia. Incluso podía hacer y vender mermelada, intercambiando mis productos con otras personas del pueblo”, recuerda Ninfa Daza.
La mentalidad de las familias experimentó un profundo cambio:
“Cuando se nos acercaban inversores para comprar nuestras tierras, declinábamos con firmeza”.
Daza ve ahora el mundo con nuevos ojos, haciéndose eco de Rodríguez:
“¡Ya no me considero pobre!”
Las clases de La Cosmopolitana están abiertas a todos, incluidos los cursos para niños. Las matrículas de estas clases están subvencionadas por ONG nacionales e internacionales, entre ellas organizaciones como el grupo católico alemán Misereor, la colombiana Fundación Caminos de Identidad (Fucai) y el Club Rotario local. Por consiguiente, la asistencia es accesible a todo el mundo y sólo requiere el pago de una cuota simbólica.
La Cosmopolitana ha crecido a lo largo de los años y ahora cuenta con un equipo de veinticuatro empleados e instructores. La fundación recibe solicitudes de talleres no sólo de diversas partes de Colombia, sino también de otros países.
Se imparten numerosos cursos en la región amazónica, donde las comunidades indígenas están adoptando sus prácticas de cultivo tradicionales, influidas y guiadas por las enseñanzas del aula viviente. Están optando por métodos como los huertos forestales rotativos, apartándose de las técnicas de tala y quema, perjudiciales para el medio ambiente, adoptadas por los agricultores coloniales europeos.
En las últimas décadas, más de 7.000 estudiantes han terminado con éxito los cursos, y casi 200.000 personas de diversas partes del mundo han experimentado personalmente el impacto de las iniciativas de La Cosmopolitana. Muchos han compartido sus felicitaciones y pensamientos en los libros de visitas que Rodríguez mantiene en su despacho.
Su objetivo es servir de inspiración, más que de modelo estricto. Esta distinción se debe a que, a diferencia de la agricultura industrial, la agricultura ecológica no sigue recetas estandarizadas. Rodríguez subraya que cada granja es única, al igual que cada individuo.
Al principio, los participantes deben conocer a fondo sus circunstancias individuales y formular un plan de vida integral que incluya a sus familias. A continuación, ejecutan gradualmente las alteraciones prácticas necesarias para incorporar los principios agroforestales. Esto podría suponer la introducción de abejas para facilitar la polinización de los cultivos o integrar el pastoreo del ganado bajo los árboles frutales recién plantados, fomentando una mezcla armoniosa de campos cultivados y bosques. La colaboración entre la naturaleza y las personas es armoniosa y simbiótica por naturaleza.
“Mucha gente cree que para llevar a cabo cambios hace falta financiación o ayuda del gobierno”, señala Rodríguez. “Sin embargo, en realidad, todo lo que se necesita es creatividad”.
Para los pequeños agricultores colombianos es difícil obtener créditos, y los tipos de interés son elevados. Por eso, los participantes en La Cosmopolitana aprenden a valorar y aprovechar los recursos de que disponen.
En el caso de Simey Sierra, poseía una vista impresionante desde su granja, combinada con su hospitalidad innata, su personalidad magnética y su habilidad musical innata, sobre todo su melodioso dominio del cuatro, una guitarra de cuatro cuerdas muy apreciada en la zona.
“Antes criaba ganado”, cuenta Sierra. “Sin embargo, los beneficios eran mínimos y exigía mucho trabajo. Después de formar parte de La Cosmopolitana, se me ocurrió dedicarme al turismo”.
Vendió el ganado y construyó cuatro habitaciones para huéspedes, junto con una piscina en forma de guitarra y una zona cubierta para celebrar eventos como bodas o fiestas de cumpleaños. De repente, su finca se convirtió en un codiciado lugar de recreo para los lugareños y, con el tiempo, para los turistas.
“En La Cosmopolitana me di cuenta de que tienes manos para dar forma a tus sueños”, afirma.
Los esfuerzos de Sierra inspiraron a otros miembros de la comunidad: Cristina Ospina, su vecina, abrió un restaurante y sus hijos organizan excursiones al cercano cañón del río Güejar. Juan Pablo Zárate, que ahora es profesor en La Cosmopolitana, gestiona una finca cafetera ecológica con su propia electricidad, suministro de agua, sistema de alcantarillado y su propia marca de café; también organiza excursiones de observación de aves. Durante la pandemia de COVID-19, Esneyder Rojas, de 25 años, regresó de Bogotá a la granja de sus padres, en gran parte abandonada, reforestó la tierra y ahora produce miel allí. Su mujer, Dunya, de 21 años, confecciona ropa para la comunidad local y la vende en el mercado semanal. Todos ellos han estudiado en La Cosmopolitana y se ven como una comunidad unida, no como competidores.
En colaboración, estos vecinos abrazaron sus talentos individuales y las cualidades de su tierra, creando un movimiento que transformó Lejanías, un pueblo de 10.000 habitantes, en la “capital de la abundancia”. Establecieron un mercado de agricultores recurrente que demostró especialmente su importancia durante la pandemia, fomentando una economía local más circular y resistente.
La generación más joven también se vio influida por estos cambios. En lugar de compartir selfies desde el centro comercial de la ciudad, ahora se fotografían frente a las cascadas locales. Crearon una página de Facebook que rápidamente atrajo la atención de visitantes de Bogotá, a 240 kilómetros de distancia.
Según Rodríguez, Lejanías es un testimonio tangible de su eficacia.
Afirma con pasión: “¡Ser agricultor no es un castigo, sino un regalo!”
Uno de sus discípulos, José Zárate, antiguo instructor de La Cosmopolitana, ha llevado los principios del movimiento al ámbito de la política. Zárate fue nombrado Ministro de Agricultura del Meta en 2022.
Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) revela una evolución positiva de los indicadores de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, lo que indica avances en la lucha de la región contra el […]
PolíticaUn reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) revela una evolución positiva de los indicadores de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, lo que indica avances en la lucha de la región contra el hambre.
En el informe de la FAO recientemente publicado, “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023”, se destaca que si bien el hambre en el mundo ya no aumenta, sigue persistiendo en niveles significativamente superiores a los observados antes de la pandemia. Esta tendencia también se refleja en la región de América Latina y el Caribe. Aunque el número de personas subnutridas en la región ha disminuido de 45,6 millones en 2021 a 43,2 millones en 2022, sigue siendo elevado en comparación con el año prepandémico de 2020.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce el descenso de la inseguridad alimentaria moderada o severa en América Latina, que pasó del 40,3 por ciento en 2021 al 37,5 por ciento en el último año, lo que se traduce en una reducción de 16,5 millones de personas. Este progreso se considera “alentador” y diferencia a la región de otras partes del mundo. La FAO también reconoce los avances en la reducción de la brecha de género en la región, ya que a nivel mundial las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de padecer hambre. Sin embargo, persisten las disparidades dentro de la propia región, y los progresos en la lucha contra el hambre en América del Sur se ven contrarrestados por el aumento de la inseguridad alimentaria en el Caribe.
Según los datos de la FAO, aproximadamente 10,1 millones de personas en Brasil sufrían subnutrición en 2022. Además, 70,3 millones de personas se enfrentaban a una inseguridad alimentaria moderada o grave, de las cuales 20,1 millones sufrían inseguridad alimentaria grave. En otras palabras, casi un tercio de la población (32,8%) se enfrenta a una inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el 4,7% padece hambre. Estas cifras representan algunas de las tasas más bajas de la región, con países como Uruguay y Guyana (ambos por debajo del 2,5 por ciento), Chile (2,5 por ciento), Argentina (3,2 por ciento) y Paraguay (4,2 por ciento) demostrando mejores resultados en seguridad alimentaria en Sudamérica.
Además del hambre y la inseguridad alimentaria, otro indicador importante de la inseguridad alimentaria es la obesidad, que a menudo refleja las dificultades para acceder a alimentos asequibles y nutritivos. Por término medio, América Latina y el Caribe se enfrentan a una mayor lucha contra este problema en comparación con el resto del mundo. En este contexto, Brasil destaca por sus tasas especialmente elevadas de obesidad infantil.
En los próximos siete años, se espera que América Latina se convierta en un actor importante en la producción de energías renovables, ya que se prepara para desplegar un impresionante número de proyectos de electricidad limpia a gran escala equivalente a casi mil millones de […]
Energía limpiaEn los próximos siete años, se espera que América Latina se convierta en un actor importante en la producción de energías renovables, ya que se prepara para desplegar un impresionante número de proyectos de electricidad limpia a gran escala equivalente a casi mil millones de paneles solares.
En un avance positivo para la lucha contra el cambio climático, se ha informado de que los países latinoamericanos están preparados para introducir más de 319 gigavatios de proyectos de energía solar y eólica a gran escala para 2030. Esta impresionante cifra equivale a casi el 70% de la capacidad eléctrica total actual de la región procedente de todas las fuentes combinadas.
Según un informe del Global Energy Monitor (GEM), una organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. que supervisa el progreso de las energías limpias, América Latina, con sus abundantes recursos eólicos y solares, tiene el potencial para convertirse en pionera mundial en energías renovables.
Los resultados indican que los próximos proyectos, que abarcan tanto la construcción en curso como las instalaciones previstas, aumentarán la capacidad de energía solar y eólica a escala comercial de América Latina en más de un 460% en comparación con el nivel actual.
Kasandra O’Malia, directora de proyectos de GEM, describió la región como un “referente mundial” en energías renovables. Destacó la importante tendencia al alza ya observada e hizo hincapié en el potencial de crecimiento exponencial de los numerosos proyectos previstos. “Es como asistir a una notable y rápida expansión”, comentó a la AFP.
Según O’Malia, la región está alcanzando un punto de inflexión y, aunque no todos los proyectos previstos se materialicen, se espera que se anuncien más proyectos en el futuro. Brasil, la mayor economía de América Latina, encabeza el auge de las energías renovables. Con 27 gigavatios de centrales solares y eólicas a escala comercial ya en funcionamiento, se dispone a ampliar aún más su capacidad con otros 217 gigavatios de proyectos cuya finalización está prevista para 2030.
Bajo el liderazgo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en enero, Brasil se ha comprometido a potenciar las energías limpias y reclamar su posición como líder en materia de cambio climático, tras un periodo bajo el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, la base de este auge de las energías renovables se remonta a una ley de 2012 que incentivaba la energía solar en Brasil. La ley permitía a los productores privados vender directamente electricidad a la red, como destacó el experto en energía Roberto Zilles.
Según Zilles, director del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de São Paulo, el coste de producir energía propia es ahora más asequible que el de comprar electricidad. Este cambio económico ha contribuido al crecimiento de las energías renovables en Brasil. El informe también destaca los avances de Chile, un país que tradicionalmente importaba combustibles fósiles pero que ahora cuenta con energía eólica y solar, que representan el 37% de su capacidad eléctrica total instalada. Además, Colombia tiene previsto añadir 37 gigavatios de nueva capacidad solar y eólica para 2030.
Por otro lado, México, la segunda mayor economía de la región, es motivo de preocupación. A pesar de ser uno de los primeros en adoptar las energías renovables, México se enfrenta a desafíos. Actualmente alberga los mayores proyectos solares y eólicos de América Latina.
Sin embargo, el progreso en México se ha visto obstaculizado desde la puesta en marcha de la reforma energética en 2021, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prioriza los combustibles fósiles y la revitalización de la petrolera estatal Pemex. El informe señaló que el desarrollo de la energía renovable en México se ha estancado, e incluso si se completaran todos los proyectos planificados, el país solo lograría aproximadamente el 70 por ciento de su objetivo de alcanzar 40 gigavatios de capacidad solar y eólica para 2030.
El informe subraya el importante potencial de América Latina para convertirse en un actor principal en la producción de energía eólica marina. Además, destacaba las oportunidades económicas que podrían surgir de la exportación de energía verde, ya sea suministrando excedentes de electricidad a países vecinos o utilizando fuentes de energía renovables para producir y exportar hidrógeno verde. El auge mundial de las energías renovables se ha visto impulsado por el descenso de los costes de los paneles solares y las turbinas eólicas, que se ha acelerado aún más por el reciente repunte de los precios de los combustibles fósiles causado por el conflicto ucraniano.
Según un informe de diciembre de la Agencia Internacional de la Energía, las fuentes de energía renovables se convertirán en la principal fuente mundial de generación de electricidad, superando al carbón, a principios de 2025. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, como se señala en el Acuerdo de París sobre el clima, la transición a las energías renovables debe producirse a un ritmo aún más rápido, subrayó O’Malia.
O’Malia instó a los principales consumidores de energía, como Norteamérica, Europa y China, a inspirarse en los avances de América Latina. Expresó su preocupación por el hecho de que otras regiones del mundo no estén haciendo su parte en la transición hacia las fuentes de energía renovables.
El grupo califica de “trato fáustico” la medida para hacer frente a un previsible aumento de los cruces fronterizos cuando expire la norma de expulsión COVID-19. En previsión de un aumento de los cruces fronterizos tras la expiración de la controvertida norma de la era […]
PolíticaEl grupo califica de “trato fáustico” la medida para hacer frente a un previsible aumento de los cruces fronterizos cuando expire la norma de expulsión COVID-19.
En previsión de un aumento de los cruces fronterizos tras la expiración de la controvertida norma de la era COVID, Estados Unidos tiene previsto establecer centros de tramitación de la inmigración en Colombia y Guatemala. Además, las autoridades pretenden agilizar las expulsiones de las personas que intenten entrar en el país de forma irregular.
El Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, y el Secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron el jueves las próximas medidas para disuadir a las personas de viajar a la frontera de EE.UU. tras la expiración anticipada del Título 42 el 11 de mayo. Las medidas incluyen el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes y están diseñadas para desalentar este tipo de cruces fronterizos.
La política sanitaria COVID-19, aplicada en marzo de 2020, permitía a las autoridades estadounidenses expulsar a las personas que entraban irregularmente en el país sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Esta medida se ha enfrentado a las críticas de los observadores de derechos humanos, que sostienen que violaba el derecho internacional.
Las últimas medidas han recibido tanto elogios como críticas de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, y algunos han establecido comparaciones con las restricciones impuestas durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.
Sunil Varghese, director de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés), expresó que la ampliación de las vías para que los solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos era un avance muy necesario que debería haberse implementado antes.
En un comunicado, Varghese señaló que si bien la administración Biden está tomando medidas para ampliar las vías para los solicitantes de asilo, existe la preocupación de que también estén proponiendo una prohibición de asilo de la era Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que podría impedir que muchas personas necesitadas busquen protección. Varghese se refirió a esto como un “trato fáustico” que no debe pasarse por alto.
Durante el anuncio del jueves, Mayorkas declaró que el proceso de expulsión acelerada comenzaría el 12 de mayo para las personas que crucen la frontera sin seguir los procedimientos legales de entrada.
Mayorkas explicó además que las expulsiones también se aplicarían a las familias que crucen la frontera. Además, los expulsados se enfrentarían a una prohibición de cinco años para volver a entrar en el país, a diferencia de lo que ocurría con el Título 42, que no imponía restricciones a los solicitantes de asilo que intentaran volver a entrar.
Mayorkas expresó que las personas que llegan a la frontera sin una base legal para quedarse emprenden el viaje, a menudo experimentando graves traumas y pagando los ahorros de toda su vida a los contrabandistas, sólo para ser rápidamente expulsados. Subrayó que, en la mayoría de los casos, estas personas serían expulsadas en cuestión de días.
Además, Estados Unidos enviará funcionarios especializados en asilo a los centros de refugiados recién creados en Guatemala y Colombia. Mayorkas declaró que estos funcionarios realizarán entrevistas con los solicitantes del programa estadounidense de admisión de refugiados y facilitarán la tramitación acelerada de un mayor número de personas.
Los centros también llevarán a cabo exámenes de los individuos para explorar vías alternativas a Estados Unidos u otros países en los que puedan ser elegibles, como Canadá o España. Mayorkas declaró además que Estados Unidos mantiene conversaciones con otras naciones para ampliar este programa.
Los centros recién creados, gestionados por organizaciones internacionales en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense, pretenden abordar eficazmente los problemas fronterizos. Al ser preguntado, Blinken refutó la idea de que los centros representaran la externalización de la aplicación de la ley fronteriza estadounidense.
Blinken subrayó que el objetivo de la creación de estos centros era aprovechar la presencia de socios internacionales que ya operan en varios países y realizan una labor importante. El objetivo es facilitar el acceso de las personas a estos centros, donde podrán solicitar orientación a funcionarios y expertos estadounidenses para determinar si reúnen los requisitos para acceder a las distintas vías legales de entrada en el país.
Además, los funcionarios desvelaron la ampliación de los programas que permiten a los residentes y ciudadanos estadounidenses que reúnan los requisitos necesarios agilizar el proceso de reubicación de sus familiares en Estados Unidos.
En enero, la administración Biden introdujo una nueva política que permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cada mes, siempre que cumplan unos criterios específicos de preaprobación. Estos cambios recientes se ajustan a esta política.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos criticaron una parte del plan que permite a las autoridades rechazar a personas de estos países que soliciten asilo por medios de entrada irregulares.
Además, expresaron su preocupación por los estrictos requisitos para la entrada legal, argumentando que plantean importantes dificultades para muchos refugiados. Por ejemplo, se exige a los solicitantes que demuestren que tienen un patrocinador en EE.UU. que pueda aportar ayuda económica.
Mayorkas aseguró que la administración no tiene “ninguna intención” de reinstaurar la controvertida práctica de detener a las familias que cruzan la frontera. Esta práctica fue suspendida por el Presidente Biden al asumir el cargo, como parte de su compromiso de adoptar un enfoque más “humano” de la inmigración.
Mayorkas declaró que la administración mantendría el uso de “una amplia gama de alternativas a los programas de detención”, que han implicado el seguimiento de las familias a través de métodos como las tobilleras y otras formas de supervisión.
Desde que Biden asumió el cargo en 2021, los republicanos se han centrado constantemente en el aumento de los cruces fronterizos. El jueves, los representantes republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. se prepararon para presentar su propio paquete de seguridad fronteriza, que tienen previsto someter a consideración del pleno en mayo.
Se espera que el tema ocupe un lugar destacado en las próximas elecciones presidenciales de 2024, ya que el presidente Biden declaró a principios de esta semana su intención de optar a un segundo mandato.
Un proyecto de ley colombiano pretende reconocer y abordar oficialmente el problema de los desplazamientos internos forzosos causados por el cambio climático y la degradación del medio ambiente En 2005, cuando la crisis climática aún no era un tema político destacado, el profesor Norman Myers […]
PolíticaEn 2005, cuando la crisis climática aún no era un tema político destacado, el profesor Norman Myers realizó un exhaustivo estudio en el que preveía que en 2050 habría unos 200 millones de refugiados desplazados por el cambio climático. Sus conclusiones fueron recibidas tanto con críticas como con apoyo, y algunos argumentaron que la cifra real podría ser incluso mayor, llegando a los mil millones de refugiados climáticos para entonces.
Aunque el estudio fue objeto de críticas, es innegable que puso de relieve el problema de los desplazamientos inducidos por el clima. Hoy en día, este problema se debate con una preocupación aún mayor a medida que las temperaturas alcanzan niveles alarmantes. Aunque históricamente las migraciones humanas se han visto influidas por el clima, la gravedad del cambio climático actual ha hecho saltar las alarmas entre gobiernos e investigadores por sus posibles repercusiones en las comunidades.
Casi dos décadas después de que el profesor Myers hiciera su notable estimación, Colombia está dando pasos para convertirse en el primer país de América Latina en promulgar una ley que aborde el desplazamiento climático. Sin embargo, aún quedan importantes obstáculos por superar, ya que la medida sólo ha sido aprobada en primer debate de los cuatro necesarios para aprobar el proyecto de ley.
La legislación, presentada por los legisladores colombianos Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y Daniel Carvalho (Independiente), pretende reconocer oficialmente la ocurrencia del desplazamiento forzado interno como consecuencia del cambio climático y la degradación ambiental en el país.
El tema del desplazamiento inducido por el clima es complejo y difícil de definir, ya que implica diversos factores y consideraciones. Aunque pueda parecer sencillo asociarlo a quienes se ven obligados a desplazarse debido a huracanes o desastres relacionados con el clima, expertos como Dominic Kniveton destacan que estas migraciones, incluso cuando están influidas por el cambio climático, suelen estarlo por una serie de otros factores y decisiones.
Algunos expertos abogan por una definición más inclusiva del desplazamiento inducido por el clima. Por ejemplo, una investigación publicada en el Journal of Environmental Economics and Management destaca una correlación significativa entre migración y agricultura. Cuando se produce una sequía y se pierden las cosechas, las personas pierden sus medios de subsistencia y se ven obligadas a emigrar. Por lo tanto, un aspecto clave del proyecto de ley en estudio es cómo definir con precisión a las personas que han sido desplazadas internamente debido al cambio climático, teniendo en cuenta diversos factores y escenarios.
La versión actual del proyecto de ley define el desplazamiento interno forzado debido al cambio climático y la degradación del medio ambiente como el movimiento involuntario de personas, familias o grupos sociales que se ven obligados a abandonar su lugar habitual de residencia, sus vínculos familiares y sociales, sus actividades económicas y/o sus medios de subsistencia debido a los efectos de desastres naturales o del cambio climático, o para prevenir dichos efectos.
Según Clara De La Hoz Del Real, socióloga y especialista en migraciones climáticas, la definición de desplazamiento climático debe considerarse cuidadosamente y someterse a debate social para evitar su estigmatización.
Clara De La Hoz Del Real subraya que la construcción de categorías para el desplazamiento climático es un proceso social que no debe despojar de derechos a los afectados. Ella explica:
“En Colombia, la categoría de desplazamiento y la figura socialmente construida del desplazado vienen acompañadas de desventajas políticas y sociales, como la estigmatización, la victimización y las exclusiones, que reflejan la dinámica de poder de quienes asignan estas etiquetas sobre quienes son etiquetados.”
Clara De La Hoz Del Real subraya además que la creación de categorías para el desplazamiento climático debe implicar no sólo a los actores estatales, sino también a un enfoque social, inclusivo y horizontal para evitar posibles daños. Subraya que el gobierno no debe olvidar su responsabilidad a la hora de abordar el cambio climático y sus problemas asociados, incluidos los desastres naturales.
Mauricio Madrigal, jefe de medio ambiente y salud pública de la Universidad de los Andes, subraya que el proyecto de ley debería reconocer cómo el desplazamiento forzado es un concepto jurídico que pone de relieve cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos. Subraya que la política debe integrar la gestión del riesgo, el medio ambiente y el sector de la vivienda. Señala además que la migración inducida por el clima no debe ser vista necesariamente como algo negativo cuando se categoriza adecuadamente, ya que también puede ser vista como un proceso de adaptación humana a las cambiantes condiciones ambientales.
Aunque aún queda mucho por hacer para promover la igualdad de género en puestos de poder e influencia, seis economistas de América Latina ya han dado pasos importantes. Azucena Arbeleche Azucena Arbeleche, economista y profesora universitaria, hizo historia en diciembre de 2019 al convertirse en […]
EconomíaAunque aún queda mucho por hacer para promover la igualdad de género en puestos de poder e influencia, seis economistas de América Latina ya han dado pasos importantes.
Azucena Arbeleche, economista y profesora universitaria, hizo historia en diciembre de 2019 al convertirse en la primera mujer ministra de Economía y Finanzas de Uruguay. Sin embargo, no preveía tener que dirigir a su país en medio de una pandemia mundial con graves repercusiones. Con solo 3,4 millones de habitantes, Uruguay ya se encontraba entre las primeras naciones de la zona en términos de renta per cápita y contaba con uno de los programas de protección social más amplios, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para garantizar la estabilidad de Uruguay durante la pandemia, la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, puso en marcha varias acciones. Entre ellas, la ampliación de las prestaciones por desempleo y la cobertura del seguro médico. Además, el gobierno creó el Fondo Coronavirus, que asignó recursos para hacer frente a la emergencia de forma transparente. El fondo se financió en parte mediante una reducción temporal de los salarios del presidente, los ministros del gobierno y los altos cargos públicos.
Durante una entrevista radiofónica en 2020, Azucena Arbeleche, miembro del Partido Nacional de Uruguay, de centro-derecha, se describió a sí misma como keynesiana. Afirmó que sus creencias se alinean con lo que John Maynard Keynes dijo una vez sobre la combinación de la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual, ya que cree que este es el problema político que debe abordarse.
Como primera Directora de Economía, Igualdad y Género de la cartera de Economía del Gobierno nacional, Mercedes D’Alessandro dejó huella en Argentina. Doctora en Economía, se desempeñó en este cargo durante dos años, desde enero de 2020 hasta marzo de 2022. Durante su gestión, D’Alessandro logró que las mujeres argentinas alcanzaran niveles récord de actividad y empleo. Además, ella y sus colegas en el gobierno diseñaron el mecanismo de Ingreso Familiar de Emergencia en respuesta a la pandemia.
Participó en la creación del “primer presupuesto con perspectiva de género”, según su declaración de dimisión del Ministerio. Proclamó con orgullo que el Ministerio de Economía de Argentina es ahora una entidad feminista.
Como miembro del equipo negociador, D’Alessandro desempeñó un papel importante en la consecución de un acuerdo con el FMI que abordaba el gasto social, las pensiones y las cuestiones de género. Además, creó un grupo de más de 250 funcionarias dedicadas a promover las cuestiones de género en todos los organismos gubernamentales. Este grupo sigue funcionando incluso después de su salida del gobierno. El influyente trabajo de D’Alessandro le valió un puesto en la lista de 2021 de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo.
Antes de trabajar en el gobierno, D’Alessandro fue autora de varios libros, entre ellos Feminist Economics: How to Build an Egalitarian Society (Without Losing Glamour). El libro va ya por su quinta edición.
La violencia que asoló Colombia durante los años ochenta y noventa provocó una oleada de desplazamientos forzosos dentro del país, dejando efectos duraderos en la pobreza y la calidad de vida. A finales de los ochenta, Ana María Ibáñez se matriculó en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Su investigación pionera sobre la desigualdad resultante de este desplazamiento se convirtió en una influencia significativa en la política de tierras del gobierno.
Como parte de sus estudios de maestría y doctorado, Ibáñez estuvo entre los académicos pioneros que realizaron encuestas entre los desplazados y recopilaron datos sobre los efectos de la pérdida de tierras, incluido su papel en la generación de pobreza y el impacto en los ingresos, la educación y las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
Lucas Ospino, colega de Ibáñez en la Universidad de los Andes, afirmó que su meticulosa investigación sobre la desigualdad en Colombia ha tenido un impacto significativo en las políticas públicas, incluidos los programas gubernamentales y la creación de indicadores precisos que influyen en la política de tierras. En reconocimiento a sus contribuciones, Ibáñez fue nombrada Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
El impacto de Ibáñez en la política económica es visible en el apartado agrario del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su investigación, junto con la de sus colegas, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de una política agraria que garantiza el acceso a las personas desplazadas y podría beneficiar potencialmente a 8,4 millones de colombianos.
Tras su estancia como profesora visitante en las universidades de Yale y Princeton, Ibáñez pasó a ser investigadora del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde trabaja actualmente.
Ifigenia Martínez es una figura excepcional que ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de México. Primera mexicana en obtener un máster y un doctorado por la Universidad de Harvard, Martínez es una consumada economista, política, legisladora y diplomática. También ha sido directora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Martínez fue profesora del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que cursó estudios en Harvard con su orientación y apoyo. Además, sirvió de maestra e inspiración a muchos otros que pasaron a formar parte de la primera generación de funcionarios del gobierno mexicano conocidos como tecnócratas. Estos funcionarios fueron nombrados para sus cargos en función de sus capacidades técnicas, más que de sus ideologías políticas.
Martínez, que actualmente es senadora, ha sido una firme defensora de la protección de los agricultores mexicanos frente a la competencia extranjera. Ha propuesto varias medidas, entre ellas la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por el ex Presidente Salinas de Gortari. Martínez abogó por la inclusión de cláusulas para salvaguardar los intereses de la agricultura mexicana.
Martínez es conocida por su franqueza e intrepidez, aunque incomode a los demás. A pesar de ser aliada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Martínez no duda en expresar sus opiniones. En 2022, cuando recibió el máximo galardón que otorga el Congreso mexicano, subrayó la importancia de respetar la división de poderes diciendo: “El refrendo del respeto a la división de poderes debe permanecer intacto.”
Durante los últimos 50 años, Stephany Griffith-Jones ha alertado sobre los problemas que han asolado el sistema financiero mundial, como la mala gestión de la deuda, la volatilidad de los flujos de capital y las crisis financieras. Doctora en economía por la Universidad de Cambridge, Griffith-Jones ha realizado importantes contribuciones en la región, especialmente en Chile, donde asesoró la campaña electoral del Presidente Gabriel Boric.
El libro de Griffith-Jones, “Debt and Development Crises in Latin America: The End of An Illusion”, publicado en 1986, utilizaba datos para ilustrar el devastador impacto de la crisis de la deuda latinoamericana en el desarrollo económico de la región. Partidaria de ideas socialdemócratas de izquierdas, Griffith-Jones ha abogado por que la ayuda del FMI se proporcione más rápidamente, con menos restricciones y a mayor escala.
Stephany Griffith-Jones es una firme defensora de los bancos de desarrollo, que ofrecen a los países tipos de interés y condiciones más favorables para proyectos y reformas destinados a promover el desarrollo económico. Como asesora de la campaña electoral del Presidente Gabriel Boric en Chile, sugirió la creación de un Banco Nacional de Desarrollo con objetivos de desarrollo claros y titularidad pública.
Griffith-Jones, que fue nombrada una de las 100 economistas más influyentes del mundo por la revista Richtopia en 2020, ha sido profesora en la Universidad de Sussex y en la Universidad de Columbia. En mayo de 2022 fue nombrada miembro del Consejo del Banco Central de Chile, la máxima autoridad dentro de la institución autónoma, donde es uno de los cinco miembros con poder de decisión sobre la política monetaria y la regulación financiera.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue fotografiado el 28 de octubre de 2022 posando junto a la economista ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato. En la imagen, compartida en las redes sociales, se ve a Boric sosteniendo tres libros escritos por Mazzucato, todos los cuales ha leído.
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL y profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College de Londres, es muy apreciada por los gobiernos de izquierdas de Sudamérica. Durante su viaje de octubre a la región, visitó Santiago, Buenos Aires y Bogotá, donde mantuvo reuniones con los presidentes de los tres países. La visión de Mazzucato de un capitalismo dirigido por el Estado que promueva la innovación como medio de generar riqueza le ha valido la reputación de ser una de las economistas más influyentes de su generación.
Tras visitar Santiago, Buenos Aires y Bogotá, Mazzucato escribió en este periódico que para hacer frente a la pobreza, la baja productividad y la dependencia de los recursos naturales se requiere una gobernanza progresista y objetivos económicos claros, con el crecimiento impulsado por la innovación a la cabeza de una nueva narrativa que los gobiernos deberían adoptar.
Mazzucato concluyó que los países latinoamericanos no necesitan innovaciones disruptivas como las de Silicon Valley, sino más bien una innovación decidida dirigida a abordar problemas específicos como la creciente brecha digital y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para muchos trabajadores en América Latina, el nuevo año trae consigo un reajuste del salario mínimo legal. Este es el caso de México, que a pesar de un aumento del 20 por ciento a partir de enero, representa casi la mitad del salario mínimo en […]
EconomíaPara muchos trabajadores en América Latina, el nuevo año trae consigo un reajuste del salario mínimo legal.
Este es el caso de México, que a pesar de un aumento del 20 por ciento a partir de enero, representa casi la mitad del salario mínimo en Costa Rica. En diciembre de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría de 172.87 a 207.44 pesos mexicanos por día, equivalente a unos 325 dólares estadounidenses por mes, según estimaciones de Bloomberg Línea, con base en el tipo de cambio del dólar del 28 de diciembre de 2022. Diciembre. El gobierno de Brasil hizo lo mismo, aumentando el salario mínimo en un 9 por ciento a 1.320 reales, equivalente a unos 250 dólares. A pesar de este aumento, el ingreso mínimo legal de un trabajador brasileño sigue siendo uno de los más bajos de la región.
De los países analizados en esta infografía de Statista, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto, con un total de alrededor de US $ 603 por mes en enero de 2023. Otros países de América Latina que garantizan un nivel de ingresos relativamente alto para los trabajadores incluyen Uruguay, donde el salario mínimo está por encima. 21.100 pesos uruguayos (unos USD 540 mensuales), y Chile, donde alcanza los 410.000 pesos chilenos (unos USD 475 mensuales). Colombia tiene un salario mínimo de 1.160.000 pesos colombianos, equivalente a unos 242 dólares, mientras que en Argentina, convertir el salario mínimo de 65.427 pesos argentinos a moneda estadounidense arroja solo unos 189 dólares.
Estas estimaciones se basan en valores nominales, lo que significa que no se ajustan al poder adquisitivo ni al costo de vida de cada economía, por lo que la comparación puede parecer injusta en algunos casos. Aun así, Venezuela destaca en la región por su extrema diferencia con el resto, pues su salario mínimo de 130 bolívares fuertes equivale a unos ocho dólares.
El año pasado vio un giro político hacia la izquierda en países como Brasil y Colombia, así como crisis y el oro de la Copa Mundial. Los últimos doce meses han visto varios cambios importantes en América Latina, ya que 2022 trajo elecciones, escándalos y […]
PolíticaEl año pasado vio un giro político hacia la izquierda en países como Brasil y Colombia, así como crisis y el oro de la Copa Mundial.
Los últimos doce meses han visto varios cambios importantes en América Latina, ya que 2022 trajo elecciones, escándalos y un gran triunfo deportivo.
Políticamente, un giro hacia la izquierda ha seguido sacudiendo a los gobiernos de toda la región, y algunos expertos llaman a la tendencia una nueva “marea rosa”. Colombia eligió a su primer líder de izquierda, y en el vecino Brasil, el exlíder sindical Luiz Inacio Lula da Silva derrotó al titular de extrema derecha Jair Bolsonaro para convertirse en el próximo presidente del país.
Mientras tanto, han continuado innumerables crisis, con Haití cayendo aún más en la inseguridad y El Salvador acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos en su represión de la violencia letal de las pandillas.
En el mundo del deporte, hubo al menos una nota positiva para terminar el año, con Argentina ganando el campeonato de la Copa del Mundo, marcando la primera vez en 20 años que un equipo latinoamericano se lleva a casa el trofeo.
Estas son las historias que definieron 2022:
Aclamado como el “fénix” de su partido, Lula vio un notable cambio de suerte en 2022, asegurando una estrecha victoria en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil contra el actual presidente derechista Bolsonaro.
La elección se produjo poco más de un año y medio después de que un juez de la Corte Suprema de Brasil anulara todas las condenas por corrupción contra Lula, quien pasó 580 días en prisión.
El líder de izquierda, que anteriormente se desempeñó como presidente de 2003 a 2011, prometió ser un antídoto contra el Trumpian Bolsonaro, postulándose en una plataforma de justicia económica y social en respuesta a la desigualdad y la pobreza generalizadas en Brasil.
Durante una estridente recepción en la conferencia climática COP27 de las Naciones Unidas en Egipto, Lula también se comprometió a reafirmar a Brasil, hogar de grandes porciones de la selva amazónica, como líder mundial en ambientalismo. Está previsto que sea investido el 1 de enero.
Las crisis superpuestas en Haití solo han empeorado durante el último año, con el principal diplomático del país en los EE. UU. apelando abiertamente a una controvertida intervención extranjera.
Tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, bandas armadas han tomado el control de gran parte del país.
En noviembre, Ulrika Richardson, la coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas en el país, dijo a los periodistas que las pandillas estaban usando la violencia sexual para “infundir miedo y castigar y aterrorizar a las poblaciones locales”. Calculó que el 60 por ciento de la capital haitiana, Puerto Príncipe, había caído bajo el dominio de las pandillas.
La inseguridad ha paralizado la entrega de ayuda al país, donde la mitad de la población se enfrenta a una grave escasez de alimentos, según el Programa Mundial de Alimentos, y donde los casos de cólera se han disparado a finales de año.
Fue la revisión progresiva que no fue.
Defendida por el presidente izquierdista Gabriel Boric, la constitución propuesta habría reemplazado la carta actual, adoptada durante el gobierno del dictador militar Augusto Pinochet, con un documento que pone mayor énfasis en los derechos sociales, el medio ambiente y la igualdad de género.
Pero la nueva carta fue rotundamente rechazada por los chilenos en septiembre, con un 61,9 por ciento votando en contra de la adopción y un 38,1 por ciento votando a favor.
Si bien muchos apoyan el concepto de una nueva constitución, los críticos dijeron que la propuesta de septiembre carecía de una estructura clara y se extralimitaba en áreas clave. En diciembre, los legisladores de izquierda y derecha del país acordaron comenzar a redactar otro intento.
Una serie de eventos de mercurio el 7 de diciembre vio al presidente de Perú, Pedro Castillo, intentar disolver el Congreso, ser acusado y terminar tras las rejas.
Todo se desarrolló en solo unas pocas horas, culminado con la juramentación de la exvicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, al puesto más alto. En el proceso, Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú.
El malestar entre los partidarios de Castillo creció rápidamente, provocando protestas y enfrentamientos con la policía y el ejército que dejaron más de 20 muertos.
Para disipar la tensión, Boluarte apeló al Congreso de Perú para adelantar las elecciones generales de 2026 a 2023. Un intento inicial fracasó en obtener suficientes votos en la legislatura, pero el 20 de diciembre, el Congreso liderado por la oposición aprobó tentativamente una reforma constitucional que haría posible adelantar las elecciones. El plan aún debe ser ratificado por una mayoría de dos tercios.
Al menos 15 trabajadores de los medios fueron asesinados en México en 2022, según un recuento de Associated Press, lo que lo convierte en el año más mortífero para los periodistas en tres décadas.
México ocupó el segundo lugar después de Ucrania, devastada por la guerra, en el número de periodistas asesinados durante el año, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y los observadores citaron la prominencia de las bandas criminales, la complicidad de los funcionarios locales y la inacción del gobierno por el aumento.
La violencia estuvo marcada en diciembre por un ataque descarado contra Ciro Gómez Leyva, uno de los reporteros de radio y televisión más destacados de México, según el CPJ. Sobrevivió al ataque de la Ciudad de México gracias al blindaje antibalas de su vehículo.
“¡Soy argentino! Es un sentimiento que no puedo contener”, cantaban los juerguistas en la capital del país, Buenos Aires, después de que la selección nacional, dirigida por la superestrella Lionel Messi, derrotara a Francia para ganar la Copa del Mundo, el mayor evento del fútbol internacional.
Fue la primera vez desde 1986 que Argentina se llevó a casa el trofeo de la Copa del Mundo, y la primera vez en décadas que un equipo latinoamericano triunfó en la final.
Los fanáticos que vestían los colores de la bandera azul y blanca de Argentina descendieron sobre Qatar, el anfitrión de la Copa del Mundo de este año, subrayando el alcance internacional único del equipo.
Pero todo se redujo a un mordedor de uñas, con el delantero francés de 23 años Kylian Mbappe casi robándose el campeonato con un hat-trick hercúleo en los últimos minutos del partido.
Con Francia y Argentina empatados a tres goles cada uno, el campeón del torneo se coronó a través de los penales. Pero el trofeo finalmente llegó a casa, a la casa que construyó la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona.
Una tendencia hacia la izquierda en América Latina continuó con la victoria presidencial de junio de Gustavo Petro en Colombia.
Petro, un excombatiente rebelde que postuló con una plataforma de profundo cambio social y económico, se convirtió en el primer presidente de izquierda en un país que durante mucho tiempo ha marginado a la izquierda por su asociación percibida con años de conflicto armado.
Mientras tanto, Francia Márquez, madre soltera y ex ama de llaves, se convirtió en la primera vicepresidenta afrocolombiana del país.
A principios de diciembre, los habitantes de Soyapango, un municipio densamente poblado en las afueras de San Salvador, se despertaron con 10.000 policías y militares en las calles.
Fue el último movimiento en una controvertida represión de pandillas por parte del presidente Nayib Bukele. En marzo, el gobierno impuso un estado de excepción que suspendió algunas libertades civiles y condujo al encarcelamiento masivo de casi 60.000 salvadoreños.
Los grupos de derechos han documentado una serie de abusos desde que comenzó la represión, incluidas violaciones del debido proceso, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
Un video impactante capturó a un hombre apuntando con un arma a la cabeza de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afuera de su casa en Buenos Aires en septiembre.
El atacante apretó el gatillo, pero el arma no disparó. Fernández de Kirchner, quien en ese momento estaba siendo investigado por corrupción, salió ileso. El pistolero, en tanto, fue detenido.
A principios de diciembre, Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión por adjudicar de manera fraudulenta contratos de obras públicas a un amigo de la familia en la Patagonia, un baluarte para su carrera política.
Ella permanece en el cargo y ha dicho que planea apelar la condena.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá dijo en octubre que 151.582 migrantes y refugiados habían cruzado el Tapón de Darién, un tramo inhóspito de selva montañosa entre Colombia y Panamá, desde enero.
El número estableció un nuevo récord, superando los 133.726 cruces registrados en 2021, con el aumento atribuido a las consecuencias económicas de COVID-19 y un aumento de personas que salen de Venezuela.
El viaje de 106 km (66 millas) puede llevar más de una semana, y muchos se dirigen a la frontera con EE. UU. Allí, a menudo se encontraron con la expulsión bajo el Título 42, una política invocada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que permite a los agentes fronterizos rechazar a la mayoría de las personas que cruzan la frontera como prevención de COVID-19.
A mediados de diciembre, el Título 42 expiraba. Pero en respuesta a una solicitud de legisladores principalmente republicanos, la Corte Suprema de EE. UU. accedió a escuchar los argumentos sobre si los estados pueden impugnar la terminación de la política. Permanecerá vigente hasta al menos febrero, cuando el caso está programado.
La basura ahora será la excepción, el reciclaje la regla. Sin embargo, España necesita hacer muchos cambios para que esto suceda. “Puedes tomar agua del grifo, sí, pero sabe muy mal”, dijo el mesero en el restaurante de moda Veles e Vents en el puerto […]
Energía limpiaLa basura ahora será la excepción, el reciclaje la regla. Sin embargo, España necesita hacer muchos cambios para que esto suceda.
“Puedes tomar agua del grifo, sí, pero sabe muy mal”, dijo el mesero en el restaurante de moda Veles e Vents en el puerto deportivo de Valencia. Los clientes piden cada vez más agua del grifo en estos días, pero su jefe le ha indicado que les advierta que no es saludable.
Aprobada en abril, una nueva ley que rige la eliminación de residuos en España entrará en vigor en 2023. Ahora se exige a los restaurantes que proporcionen agua del grifo a los clientes de forma gratuita para reducir los residuos de las botellas de agua de plástico.
“Pero hay una gran brecha entre la aspiración y la realidad”, dijo Borja Mateu, que trabaja para el centro de investigación del calzado INESCOP en Alicante, donde dirige una pequeña fábrica de reciclaje. Y es cierto que también aquí, en la Costa Blanca, se pueden saborear los químicos del agua del grifo. La Unión Europea ha reprendido reiteradamente a España, advirtiendo que sus procesos de tratamiento de aguas son inadecuados.
España es el quinto productor de botellas de un solo uso de la Unión Europea, según Greenpeace. Y muy pocos de ellos son reciclados. El Índice Global de Residuos 2022 encontró que Alemania produce muchos más residuos que España, 632 kilogramos (1.390,4 libras) frente a 455 kilogramos per cápita, pero que la mitad de estos residuos se recicla, mientras que la cuota de reciclaje de España solo asciende a 86 kilogramos por persona.
Se impone un nuevo impuesto a los envases de plástico de un solo uso, y otro a los residuos enviados a vertedero o para incineración. El objetivo es ayudar a España a reducir la cantidad de basura que genera al 15% de su nivel de 2010 para 2030.
“La nueva ley de residuos también prohíbe la comercialización de productos plásticos de un solo uso, así como productos cosméticos y detergentes que contengan microplásticos, y limita la destrucción o eliminación de productos no perecederos no vendidos, incluidos textiles, juguetes o electrodomésticos”, dijo May López, experto en sostenibilidad en la EAE Business School de Madrid.
Es un reto para la economía española. Las elecciones parlamentarias están programadas para el próximo otoño y las cosas no pintan bien para el primer ministro socialista Pedro Sánchez, especialmente con las empresas que se quejan de las regulaciones e impuestos.
Muchos españoles, incluida la oposición, han expresado su escepticismo sobre la ley. Isabel Díaz Ayuso, la jefa conservadora del gobierno regional en Madrid, comparó recientemente las políticas de Sánchez con el sectarismo y el comunismo.
El movimiento ecologista no es fuerte en España. No obstante, la nueva ley establece que los restaurantes y supermercados deben reducir al mínimo sus residuos. La comida sobrante debe ser donada o procesada en alimento para animales. Los clientes del restaurante tienen derecho a pedir que se empaque la cena no consumida de sus hijos para llevársela a casa.
“Pero todavía no tenemos la infraestructura para soportar algunos de estos sistemas”, dijo Mateu. A diferencia de Alemania, por ejemplo, España no tiene un sistema de depósito universal para botellas de bebidas.
El problema es evidente cuando entras en la fábrica de reciclaje de Mateu. Una máquina está cortando zapatos viejos en pedazos diminutos. Mientras lo hace, clasifica elementos valiosos como botones y cables. “De lo contrario, en España acaban en vertederos, aunque contienen muchos materiales valiosos”, dijo Mateu.
España es también el hogar de dos gigantes de la industria de la moda rápida: Inditex y Mango. Primark, Bershka, Mango, Zara y Stradivarius se sientan uno al lado del otro en la calle comercial Gran Vía de Madrid. Todos los días, los jóvenes hacen cola para comprar camisetas y chaquetas a precios de derribo. Unos meses más tarde, muchos de estos artículos simplemente se tiran o se dejan en la calle, y casi nadie está interesado en darles una nueva vida.
La ropa de segunda mano y los mercadillos no son habituales en España. Aunque mucha gente habla de sostenibilidad, dijo Mateu, pocos han considerado completamente lo que significa. En este sentido, es un admirador de las actitudes alemanas hacia el medio ambiente.
Las farmacias españolas, por ejemplo, envuelven las cajas de medicamentos en papel y las meten en una bolsa antes de entregárselas al cliente. Cuando un cliente rechazó el empaque adicional para poner la caja directamente en su bolso, la vendedora pareció sorprendida.
Un jueves reciente por la noche, adolescentes festejaban en un parque infantil en Madrid, un lugar popular, aunque no autorizado. Hay una nueva multa de hasta 2000 euros (2070 dólares) por tirar basura, pero la patrulla policial las ignora. Cuando los adolescentes van a casa, dejan colillas, latas de cerveza y envases de plástico esparcidos por el suelo. A la mañana siguiente, todo vuelve a estar limpio; y la población en general no está particularmente molesta.
Las calles del centro de Madrid se barren a primera hora de la mañana. Los recolectores de basura salen a la medianoche y los equipos de limpieza recogen la basura que queda en los parques mientras los sopladores de hojas rugen a lo largo de los caminos, rodeados por el hedor del diesel.
Las ciudades españolas son sin duda más limpias que muchas alemanas. Pero hay un precio para esto. El diario El Diario ha calculado que el coste de los servicios de recogida de basura y limpieza urbana en Madrid es ahora un 70% superior al de antes de la pandemia.
“Va a llevar mucho más tiempo educar a la sociedad española”, dijo Borja Mateu.