El grupo califica de “trato fáustico” la medida para hacer frente a un previsible aumento de los cruces fronterizos cuando expire la norma de expulsión COVID-19.

En previsión de un aumento de los cruces fronterizos tras la expiración de la controvertida norma de la era COVID, Estados Unidos tiene previsto establecer centros de tramitación de la inmigración en Colombia y Guatemala. Además, las autoridades pretenden agilizar las expulsiones de las personas que intenten entrar en el país de forma irregular.

El Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, y el Secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron el jueves las próximas medidas para disuadir a las personas de viajar a la frontera de EE.UU. tras la expiración anticipada del Título 42 el 11 de mayo. Las medidas incluyen el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes y están diseñadas para desalentar este tipo de cruces fronterizos.

La política sanitaria COVID-19, aplicada en marzo de 2020, permitía a las autoridades estadounidenses expulsar a las personas que entraban irregularmente en el país sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Esta medida se ha enfrentado a las críticas de los observadores de derechos humanos, que sostienen que violaba el derecho internacional.

Las últimas medidas han recibido tanto elogios como críticas de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, y algunos han establecido comparaciones con las restricciones impuestas durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.

Sunil Varghese, director de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés), expresó que la ampliación de las vías para que los solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos era un avance muy necesario que debería haberse implementado antes.

En un comunicado, Varghese señaló que si bien la administración Biden está tomando medidas para ampliar las vías para los solicitantes de asilo, existe la preocupación de que también estén proponiendo una prohibición de asilo de la era Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que podría impedir que muchas personas necesitadas busquen protección. Varghese se refirió a esto como un “trato fáustico” que no debe pasarse por alto.

Durante el anuncio del jueves, Mayorkas declaró que el proceso de expulsión acelerada comenzaría el 12 de mayo para las personas que crucen la frontera sin seguir los procedimientos legales de entrada.

Mayorkas explicó además que las expulsiones también se aplicarían a las familias que crucen la frontera. Además, los expulsados se enfrentarían a una prohibición de cinco años para volver a entrar en el país, a diferencia de lo que ocurría con el Título 42, que no imponía restricciones a los solicitantes de asilo que intentaran volver a entrar.

Mayorkas expresó que las personas que llegan a la frontera sin una base legal para quedarse emprenden el viaje, a menudo experimentando graves traumas y pagando los ahorros de toda su vida a los contrabandistas, sólo para ser rápidamente expulsados. Subrayó que, en la mayoría de los casos, estas personas serían expulsadas en cuestión de días.

Además, Estados Unidos enviará funcionarios especializados en asilo a los centros de refugiados recién creados en Guatemala y Colombia. Mayorkas declaró que estos funcionarios realizarán entrevistas con los solicitantes del programa estadounidense de admisión de refugiados y facilitarán la tramitación acelerada de un mayor número de personas.

Los centros también llevarán a cabo exámenes de los individuos para explorar vías alternativas a Estados Unidos u otros países en los que puedan ser elegibles, como Canadá o España. Mayorkas declaró además que Estados Unidos mantiene conversaciones con otras naciones para ampliar este programa.

Los centros recién creados, gestionados por organizaciones internacionales en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense, pretenden abordar eficazmente los problemas fronterizos. Al ser preguntado, Blinken refutó la idea de que los centros representaran la externalización de la aplicación de la ley fronteriza estadounidense.

Blinken subrayó que el objetivo de la creación de estos centros era aprovechar la presencia de socios internacionales que ya operan en varios países y realizan una labor importante. El objetivo es facilitar el acceso de las personas a estos centros, donde podrán solicitar orientación a funcionarios y expertos estadounidenses para determinar si reúnen los requisitos para acceder a las distintas vías legales de entrada en el país.

Además, los funcionarios desvelaron la ampliación de los programas que permiten a los residentes y ciudadanos estadounidenses que reúnan los requisitos necesarios agilizar el proceso de reubicación de sus familiares en Estados Unidos.

En enero, la administración Biden introdujo una nueva política que permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cada mes, siempre que cumplan unos criterios específicos de preaprobación. Estos cambios recientes se ajustan a esta política.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos criticaron una parte del plan que permite a las autoridades rechazar a personas de estos países que soliciten asilo por medios de entrada irregulares.

Además, expresaron su preocupación por los estrictos requisitos para la entrada legal, argumentando que plantean importantes dificultades para muchos refugiados. Por ejemplo, se exige a los solicitantes que demuestren que tienen un patrocinador en EE.UU. que pueda aportar ayuda económica.

Mayorkas aseguró que la administración no tiene “ninguna intención” de reinstaurar la controvertida práctica de detener a las familias que cruzan la frontera. Esta práctica fue suspendida por el Presidente Biden al asumir el cargo, como parte de su compromiso de adoptar un enfoque más “humano” de la inmigración.

Mayorkas declaró que la administración mantendría el uso de “una amplia gama de alternativas a los programas de detención”, que han implicado el seguimiento de las familias a través de métodos como las tobilleras y otras formas de supervisión.

Desde que Biden asumió el cargo en 2021, los republicanos se han centrado constantemente en el aumento de los cruces fronterizos. El jueves, los representantes republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. se prepararon para presentar su propio paquete de seguridad fronteriza, que tienen previsto someter a consideración del pleno en mayo.

Se espera que el tema ocupe un lugar destacado en las próximas elecciones presidenciales de 2024, ya que el presidente Biden declaró a principios de esta semana su intención de optar a un segundo mandato.